La economía política del coronavirus

Luis Larraín

Así como el ministro Mañalich tiene la inmensa responsabilidad de manejar la pandemia con el mínimo impacto sanitario, el inistro Briones debe hacer lo propio en el campo de la economía.

No es fácil la conducción de la economía en estos tiempos. Las restricciones a la actividad para lograr objetivos sanitarios provocan un shock de oferta que no se puede atacar sólo con tradicionales políticas monetarias y fiscales expansivas. Aún así, se requiere asegurar la cadena de pagos y ello incluye la participación del Banco Central y la CMF en ese esfuerzo.

Pero lo más urgente es auxiliar a las personas que producto de la abrupta baja de la actividad han perdido sus ingresos. Trabajadores despedidos, emprendedores con negocios que no pueden subsistir sin ventas y muchos empleados por cuenta propia que deben salir a ganarse el pan todos los días. A su vez, muchas empresas medianas han visto mermados sus ingresos, interrumpidos sus pagos y afrontan vencimientos de sus deudas.

Las medidas que han adoptado el Gobierno y el Banco Central van en la dirección correcta, al tratar de sustituir parcialmente los ingresos perdidos y asegurar la cadena de pagos con la provisión de abundante financiamiento y garantías, que fueron detalladas por el Presidente y el ministro Briones recientemente.

Más que referirme al detalle, me interesa destacar conceptos. En primer lugar, es insensata e impracticable la demanda de políticos, diputados, algunos alcaldes y medios de comunicación de hacer simultáneamente las siguientes cosas: restricción total de actividades (cuarentena total) y reemplazo de los ingresos de todas las personas afectadas por esta restricción. Primero, por la enorme cantidad de recursos que demanda; ya las medidas anunciadas llevan a un déficit fiscal de 8% del PIB y harán subir la deuda a cerca del 40% del PIB, lo que encarecerá las condiciones crediticias, ahondando la crisis de las empresas y personas.

La segunda razón es que no se pueden financiar indefinidamente (la duración de la pandemia es incierta) los ingresos perdidos, sin al mismo tiempo recuperar, aunque sea en parte, la capacidad productiva. Por eso me parece sensata la política económica del Gobierno, en que Hacienda va anunciando con gradualidad nuevos beneficios destinados a suplir los ingresos de los chilenos afectados y asegurar la supervivencia de las empresas, base de la actividad productiva. No puedo entender a los alcaldes de comunas populares que exigen cuarentena total en sus territorios, sin base científica, ya que el contagio podría ser mayor por el hacinamiento y sin considerar que cerca de un tercio de sus habitantes debe salir diariamente de sus casas para procurarse el pan para ellos y sus familias. Ni siquiera contando con recursos ilimitados para ayudarlos serían capaces de llegar a ellos oportunamente.

Por último, se ha planteado la posibilidad de que ante una prolongación de la crisis económica, la insolvencia llegue a grandes empresas. ¿Debe el gobierno ir en su auxilio? Creo que no es una cuestión a descartar de plano, si es que la caída tiene efectos sistémicos que afectan la economía. Hay precedentes en Chile en que la ayuda a la banca hizo posible resolver la crisis, y aunque no evitó que los dueños de esos bancos perdieran su propiedad, el Fisco sí recuperó su plata. Tratándose de grandes empresas, por una cuestión de transparencia sería bueno que, de llegar a esa instancia, se designe una comisión de hombres buenos que recomiende criterios generales para asignar esas ayudas.